Implementar las NIIF S1 y S2: qué exigen, qué alivios permiten y cuándo llega a cada país

Información financiera sobre sostenibilidad, no un informe aparte

La NIIF S1 fija los requerimientos generales y la NIIF S2 los específicos de clima. Ambas persiguen un objetivo acotado: que el inversionista, el prestamista y el acreedor entiendan los riesgos y oportunidades de sostenibilidad que podrían razonablemente afectar los flujos de efectivo de la entidad, su acceso a financiación o su costo del capital, en el corto, mediano o largo plazo. Esa frase es el filtro de entrada: lo que no pasa por ahí, no entra.

De ahí se derivan tres consecuencias que definen todo el proyecto:

• Materialidad financiera única. No es la doble materialidad de las normas europeas. No se reporta el impacto de la empresa sobre el ambiente por sí mismo, sino en la medida en que ese impacto se devuelve a la empresa en forma de riesgo u oportunidad financiera. Y ojo con la precisión: el umbral de alcance se predica del riesgo; la materialidad se predica de la información sobre ese riesgo.
• Va dentro de la información financiera de propósito general, no en un documento suelto de mercadeo. Se admite referencia cruzada a otro informe, pero solo si ese informe está disponible en los mismos términos y al mismo tiempo.
• Mismo período, misma fecha, con comparativos. Se publica al mismo tiempo que los estados financieros —salvo el alivio del primer año— y cubre exactamente el mismo período.

Cuatro pilares, heredados del TCFD

Ambas normas se estructuran igual. La NIIF S2 no agrega pilares: especializa los mismos cuatro para el clima.

Cuando no existe una NIIF de sostenibilidad específica para un tema, la NIIF S1 obliga a referirse y considerar la aplicabilidad de los temas de divulgación de las normas SASB, organizadas por industria. Es una obligación de considerar, no de aplicar SASB completo; las métricas SASB quedan como consideración voluntaria. El Materiality Finder del navegador de SASB permite ver en minutos los temas de la industria de cada cliente, y es el mejor punto de partida de un diagnóstico.

Lo que hay que producir en concreto para clima

Riesgos y resiliencia

Hay que separar riesgos físicos —agudos, como huracanes, inundaciones y sequías; y crónicos, como el cambio en temperatura media, precipitación o nivel del mar— de riesgos de transición —de política, legales, tecnológicos, de mercado y reputacionales—, y revelar la concentración de activos y actividades expuestos, incluida su ubicación geográfica cuando sea material. Para el istmo centroamericano esa distinción no es teórica.

La resiliencia se evalúa mediante análisis de escenarios climáticos, y aquí está el mecanismo de proporcionalidad más importante de la norma: el análisis debe ser proporcional a las circunstancias de la entidad. Una empresa mediana costarricense o guatemalteca no está obligada a construir modelos cuantitativos sofisticados si no puede sostenerlos sin costo o esfuerzo indebido: puede hacer un análisis cualitativo, siempre que explique qué escenarios usó, de dónde los tomó, qué horizontes cubrió y cuáles fueron los supuestos clave.

Planes de transición

Un matiz que conviene decir en voz alta porque genera pánico innecesario: la NIIF S2 no obliga a tener un plan de transición. Obliga a revelar información sobre él si la entidad lo tiene, incluidos los supuestos clave y las dependencias externas de las que depende —la disponibilidad de energía renovable en la red nacional, por ejemplo—.

Métricas de emisiones

• Alcances 1, 2 y 3Emisiones brutas absolutas, reveladas por separado, en toneladas métricas de CO₂ equivalente.
• MetodologíaGHG Protocol Corporate Standard (versión 2004), salvo que una autoridad jurisdiccional o la bolsa donde cotiza exija otro método.
• ConsolidaciónLa entidad elige entre participación accionaria o control, y debe revelar cuál usa. Esa elección determina qué operaciones generan Alcance 1.
• Alcance 2Se exige la medición basada en ubicación; la información basada en mercado se revela como información contractual adicional.
• Alcance 3Hay que considerar las quince categorías del estándar de cadena de valor y revelar cuáles se incluyeron, junto con el enfoque de medición y en qué medida los datos son primarios o secundarios.
• Emisiones financiadasCategoría 15, aplicable a gestión de activos, banca comercial y seguros, con desagregación adicional. La norma no impone una metodología específica de cálculo.

A eso se suman las métricas de la guía basada en la industria —derivada de SASB, para 68 industrias—, los objetivos climáticos con su año base, horizonte, hitos, si son absolutos o de intensidad, si fueron validados por un tercero y el uso planificado de créditos de carbono; y los efectos financieros actuales y previstos, que es la exigencia que más trabajo da.

La sección que decide cuánto cuesta el primer año

Los alivios de transición operan únicamente en el primer período anual en que se aplican las normas. Son opcionales, independientes entre sí, y su uso debe revelarse. Bien combinados, reducen el primer reporte a una fracción del proyecto completo.

A estos se suman los mecanismos de proporcionalidad permanentes: el criterio de «información razonable y sustentable disponible sin costo o esfuerzo indebido» —que aplica a la identificación de riesgos, al alcance de la cadena de valor y a los efectos financieros previstos—, el análisis de escenarios proporcional a las circunstancias, y las tres salidas de cuantificación descritas arriba.

La ruta que ha seguido la mayoría de los primeros adoptantes en el mundo es exactamente esta: año 1 solo clima, sin comparativos, sin Alcance 3, con desfase en la fecha de publicación. Es una ruta legítima, expresamente prevista por las normas, y permite empezar sin haber terminado de construir todo el aparato de datos.

Lo que cambió en diciembre de 2025

El ISSB emitió enmiendas focalizadas a la NIIF S2 sobre revelación de emisiones, con el propósito declarado de reducir complejidad, duplicación y costo. Rigen para períodos anuales que comiencen a partir del 1.º de enero de 2027, y se permite su aplicación anticipada.

• Categoría 15 limitada a emisiones financiadas. Se permite circunscribir la medición de esa categoría únicamente a las emisiones financiadas; si la entidad incluye más, debe revelar el total de la categoría y el subtotal de financiadas.
• Alternativa al GICS. Para desagregar emisiones financiadas, la entidad puede escoger otro sistema de clasificación por industria que le permita clasificar a sus contrapartes, prefiriendo uno de uso común antes que uno propio. Para un banco o una cooperativa de la región esto es plata: permite usar la clasificación del supervisor local en lugar de licenciar y mapear GICS.
• Alivio jurisdiccional del GHG Protocol, precisado. Aplica cuando la entidad está obligada «en todo o en parte» a usar otro método, y se aclara que el alivio cubre solo la parte de la entidad sujeta a ese requisito. Resuelve el caso del grupo regional con una filial sometida a un régimen nacional de inventario.
• Valores de calentamiento global. Se introduce un alivio para no usar los valores del informe más reciente del IPCC cuando una autoridad o bolsa exige otros, evitando llevar dos inventarios en paralelo.

Consejo práctico para la región: dado que casi ninguna empresa de Costa Rica, Guatemala o Panamá ha emitido todavía su primer reporte, lo sensato es aplicar las enmiendas desde la primera adopción, y no construir un enfoque que haya que cambiar un año después.

La región no converge, y conviene saber en qué carril va cada cliente

El resto de la región, en una línea cada uno

• México va adelante: normas convergentes vigentes desde 2025, primer reporte en 2026 y aseguramiento escalonado —limitado desde 2027, razonable desde 2028—.
• Chile incorporó las normas por norma de carácter general de la CMF, con entrada en vigor el 31 de diciembre de 2026.
• Brasil dio marcha atrás: en mayo de 2026 la CVM revocó la obligatoriedad que había fijado, y el régimen volvió a ser voluntario bajo esquema de «cumplir o explicar».
• El Salvador permite la aplicación voluntaria desde 2025; Colombia está en hoja de ruta de convergencia, sin decreto.

Ese contraste es en sí mismo un dato para la gerencia: la obligatoriedad local es movediza, y apostar a que se posponga ha salido bien en un país y mal en otros.

La exigencia que no llega por el regulador local, sino por el cliente

Para buena parte de la cartera centroamericana —exportadores, empresas de zona franca, proveedores de multinacionales— la primera solicitud de información de sostenibilidad no va a venir de un colegio profesional ni de una superintendencia, sino de su cliente europeo.

Tras la revisión del régimen europeo, el alcance quedó en grandes empresas cotizadas de la UE, empresas con más de mil empleados y más de 450 millones de euros de facturación, y empresas de fuera de la UE con más de 450 millones de facturación en la UE que tengan allí una filial o sucursal relevante. Las obligaciones corren para los ejercicios 2027 y 2028 según la ola.

Hay una tercera vía, más silenciosa, por el lado financiero: en Panamá, el acuerdo de la Superintendencia de Bancos que incorporó el riesgo climático a la gestión integral de riesgos no exige divulgación externa, pero sí obliga a los bancos a considerarlo —y un banco que gestiona riesgo climático termina preguntándole a su deudor—.

Hoja de ruta de implementación

Esta es la secuencia que recomendamos para una primera aplicación, ordenada por dependencia: cada paso produce el insumo del siguiente.

Lecciones de quienes ya reportaron

Australia fue la primera jurisdicción con un régimen obligatorio a gran escala basado en estas normas, y su regulador ya revisó los primeros informes. Los hallazgos son un manual de errores evitables:

• Descargos de responsabilidad inapropiados. Textos que decían que los usuarios «no deberían confiar en la información». Contradicen el objetivo mismo del reporte.
• Omitir riesgos climáticos prospectivos pese a haber revelado en los estados financieros que eventos climáticos extremos ya habían afectado activos u operaciones. Es la falla de conectividad más grave y la más fácil de detectar.
• Supuestos y juicios poco claros, que obligaban al lector a deducir por qué la información estaba presentada así.
• Información material oscurecida por contenido voluntario adicional.
• Referencias cruzadas defectuosas, a informes aún no publicados o sin precisar qué parte se incorporaba.
• Objetivos climáticos mal clasificados, en particular omitiendo los impuestos por regulación.

A eso se suman dos datos que describen bien el estado del arte: alrededor de la mitad de los reportantes no aclaró si la identificación de riesgos era sobre base inherente o residual, y un 61 % invocó la incertidumbre de medición para no dar información cuantitativa —señal de que cuantificar el efecto financiero del clima sigue siendo el problema no resuelto—.

Qué viene por el lado de la auditoría

La norma internacional de aseguramiento de sostenibilidad ISSA 5000 rige para períodos que comiencen a partir del 15 de diciembre de 2026, con adopción anticipada permitida. Es neutral respecto del marco —sirve para información preparada bajo NIIF S1 y S2, normas europeas u otras— y puede ser aplicada tanto por contadores como por practicantes que no lo sean. En paralelo, las normas de ética para aseguramiento de sostenibilidad del IESBA rigen desde la misma fecha, con las disposiciones sobre componentes de la cadena de valor diferidas a mediados de 2028.

En Costa Rica el aseguramiento de la información de sostenibilidad no es obligatorio hoy, y en Panamá y Guatemala tampoco. Pero el caso mexicano marca el camino que suele seguirse: sin aseguramiento el primer año, limitado al segundo, razonable al tercero. Conviene que el primer reporte se prepare como si fuera a auditarse, porque probablemente lo será.

Empezar mal sale más caro que empezar tarde

La tentación en los tres países es la misma: como la obligatoriedad local está lejos —2027 en Costa Rica, 2030 en Panamá, indefinida en Guatemala—, el tema se pospone. El problema es que la fecha de obligatoriedad no es la fecha en que empieza el trabajo. Un primer reporte razonable exige un año de datos capturados con trazabilidad, una evaluación de materialidad hecha con los operativos, actas que evidencien gobernanza y una conversación entre contabilidad y sostenibilidad que nunca es rápida.

La buena noticia es que las normas fueron diseñadas para permitir un arranque gradual, y la ruta está marcada: primer año solo clima, sin comparativos, sin Alcance 3, con la publicación desfasada. Quien use esos alivios y aplique desde el inicio las enmiendas de 2025 puede tener un reporte que declare cumplimiento sin haber construido todavía todo el aparato. Quien los ignore va a intentar hacer en un año el proyecto completo —y ese es el camino por el que los primeros adoptantes del mundo llegaron a informes que los reguladores devolvieron con observaciones.

Este documento tiene fines informativos y no sustituye la lectura del texto oficial de las normas ni la asesoría profesional sobre el caso concreto. El estado de adopción y los calendarios de aplicación local pueden variar; deben confirmarse a la fecha de lectura ante el colegio profesional o el supervisor correspondiente. Elaborado con información pública disponible a setiembre de 2026.