Grandes contribuyentes bajo NIIF plenas: qué exige la resolución MH-DGT-RES-0015-2026

Qué resolvió Hacienda, en sus propias palabras

El 29 de abril de 2026 la Dirección General de Tributación emitió la resolución MH-DGT-RES-0015-2026, titulada «Criterios interpretativos sobre la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera respecto a la normativa tributaria», publicada ese mismo día en el Alcance 45 a La Gaceta N.º 78. El Ministerio de Hacienda la comunicó al público el 4 de mayo mediante el comunicado CP-20-2026.

El objetivo declarado es armonizar la aplicación de las NIIF con la normativa tributaria vigente, brindar seguridad jurídica al contribuyente y fortalecer las herramientas de control fiscal. El texto viene a sustituir los criterios que la Administración había fijado en 2018 mediante la resolución DGT-R-029-2018.

Y una fecha que conviene subrayar desde el inicio, porque es la que manda: su entrada en vigor es el 1.º de enero de 2027. No es una resolución que aplique al cierre 2026 que estamos corriendo; es una resolución que gobierna el ejercicio siguiente. Esa distinción, como se verá en la sección 07, es precisamente donde se esconde el problema de calendario.

Quién queda obligado y quién puede elegir

Este es el punto que convirtió una resolución de criterios interpretativos en la noticia contable del año. La resolución no se limita a decir cómo se leen las NIIF en clave fiscal: define cuál marco contable debe usar cada contribuyente.

Según el comunicado oficial, los Grandes Contribuyentes Nacionales «deberán llevar su contabilidad y presentar sus estados financieros en apego a las NIIF conocidas como NIIF plenas», mientras que el régimen general «podrá optar» entre uno u otro marco.

Para dimensionarlo: la prensa especializada sitúa en cerca de 950 los Grandes Contribuyentes Nacionales a marzo de 2026. La clasificación no depende del tipo de entidad sino de umbrales fiscales —pago promedio de impuestos, ingresos brutos o activos por encima de ciertos montos en un período de tres años—, de modo que en esa lista conviven emisores del mercado de valores con empresas familiares que nunca han tenido un accionista externo.

Qué temas aborda la resolución

El comunicado oficial enumera las materias tratadas: inversiones, inventarios, propiedad, planta y equipo, contratos de construcción, activos biológicos, activos intangibles, propiedades de inversión y combinaciones de negocios, entre otras. Es un catálogo amplio, que toca prácticamente todas las partidas relevantes de un balance operativo.

Aquí conviene una advertencia de método, y la hacemos porque en las últimas semanas ha circulado bastante síntesis de segunda mano. Buena parte de los «criterios nuevos» que se están difundiendo no son novedad de esta resolución: la limitación de los métodos de depreciación aceptados, la no deducibilidad de la amortización de ciertos intangibles o del deterioro contable, y la prevalencia de la norma tributaria sobre el tratamiento contable, ya viven en los artículos 8 y 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el anexo de vidas útiles de su reglamento. Que un resumen los liste no significa que la resolución los haya creado.

La recomendación práctica es sencilla y ahorra disgustos: trabajar contra el texto publicado en el Alcance 45 a La Gaceta N.º 78, no contra resúmenes. Para cada partida material de la entidad conviene documentar tres cosas —el tratamiento contable aplicado, el criterio fiscal que la resolución fija y el ajuste de conciliación que resulta— y archivar esa matriz como papel de trabajo permanente.

La conciliación fiscal deja de ser un anexo y pasa a ser la pieza central

Si hay un mensaje transversal en la resolución es este: la contabilidad se lleva bajo NIIF y el impuesto se determina bajo la ley tributaria, y el puente entre ambas es la conciliación fiscal, debidamente respaldada. La resolución la refuerza como mecanismo esencial de cumplimiento, apoyada en el tratamiento de impuestos diferidos de la NIC 12 —o de la Sección 29, para quien aplique NIIF para las PYMES—.

La estructura no cambia respecto de la que ya usan los equipos ordenados:

• Utilidad o pérdida contable del período, según los estados financieros.
• Más los gastos no deducibles.
• Menos los ingresos no gravables.
• Más o menos las diferencias temporarias del período.
• Igual a la renta líquida gravable.

Lo que sí cambia es la exigencia probatoria. Cada partida de conciliación debe poder sostenerse con documentación en una fiscalización, y el volumen de ajustes crece de forma natural cuando la entidad migra a NIIF plenas: mediciones a valor razonable, deterioro de activos, arrendamientos reconocidos en balance y pérdidas crediticias esperadas generan diferencias que antes, bajo un marco más sencillo, sencillamente no existían.

Conviene tener presente que, hasta donde consta públicamente, la resolución no crea un formulario ni un anexo nuevo: la conciliación es un papel de trabajo formal que debe estar disponible cuando la Administración lo requiera. Y el incumplimiento no tiene régimen sancionatorio propio: el comunicado remite a las sanciones y multas del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Lo que la resolución dejó expresamente afuera

El texto acota su propio alcance de forma explícita: «en esta resolución no se incluyen interpretaciones asociadas a las NIIF SP (Sector Público) y las NIIF S1, S2 (Normas Internacionales de Sostenibilidad y Clima)».

Es una exclusión doble que varios resúmenes reducen a la mitad, quedándose solo con la parte de sostenibilidad. Y conviene leerla en su justa medida: lo que la resolución dice es que no fija criterios tributarios sobre esas normas, no que las normas de sostenibilidad no apliquen. Las obligaciones de reporte bajo NIIF S1 y S2 llegan por otra vía —la adopción del Colegio de Contadores Públicos y los requerimientos de los supervisores— y siguen su propio calendario. Para la entidad que ya está construyendo su inventario de emisiones, la resolución no cambia nada; simplemente aclara que ese reporte no tendrá efectos fiscales interpretados por Tributación.

El costo, la objeción profesional y el litigio en curso

Sería incompleto presentar esta resolución sin la discusión que abrió, porque afecta directamente la decisión de cuándo empezar a invertir en la migración.

Lo que dice el Colegio de Contadores Públicos

El CCPA se opuso públicamente y, tras un acercamiento técnico con Hacienda que no prosperó, presentó en junio de 2026 una medida cautelar ante la jurisdicción contencioso-administrativa buscando suspender la aplicación de la resolución. Al cierre de este análisis la gestión sigue pendiente de resolución.

Sus argumentos, en resumen: que la clasificación de gran contribuyente responde a criterios fiscales y no a la obligación pública de rendir cuentas que justifica las NIIF plenas; que obligar a llevar la contabilidad bajo un marco y presentar información bajo otro genera inconsistencias e inseguridad jurídica; y —el punto de fondo— que definir el marco contable aplicable corresponde al ámbito profesional y no a la Administración Tributaria. En palabras de su presidente, Francisco Ovares, «la transparencia depende de la correcta aplicación del marco normativo, no del estándar utilizado».

Lo que dice Hacienda

La Administración sostiene que la medida persigue seguridad jurídica y control fiscal: un marco único y más desagregado para el segmento que concentra la mayor parte de la recaudación facilita la fiscalización y reduce la discrecionalidad interpretativa que, en su lectura, permitía el escenario anterior.

El costo, que es el argumento más concreto

Las estimaciones que circulan en el sector —recogidas por la prensa financiera a partir de cálculos del propio Colegio y de firmas de auditoría— hablan de entre 15.000 y 20.000 dólares por empresa para la conversión, y de un incremento de entre 30 % y 40 % en los honorarios de auditoría al pasar de NIIF para las PYMES a NIIF plenas. La diferencia de volumen normativo lo explica: 35 secciones en un solo documento frente a un cuerpo normativo de varios miles de páginas que además se actualiza todos los años, mientras la NIIF para las PYMES se revisa aproximadamente cada tres.

Tres cambios en la misma fecha, y una fecha de transición que ya pasó

El 1.º de enero de 2027 concentra tres eventos contables distintos, y a una misma entidad pueden tocarle los tres:

El caso que duele: gran contribuyente que hoy está en NIIF para las PYMES

Esa entidad no enfrenta un cambio, sino dos encadenados. Primero tiene que cambiar de marco contable, lo que constituye una adopción por primera vez de las NIIF plenas y se rige por la NIIF 1: balance de apertura reexpresado, políticas contables nuevas aplicadas de forma retroactiva, y las conciliaciones que esa norma exige entre el marco anterior y el nuevo. Y segundo, dentro ya de las NIIF plenas, tiene que presentar su estado de resultados bajo la estructura de la NIIF 18, con sus categorías, sus subtotales definidos y su nota de medidas de desempeño de la gerencia.

Para la entidad que ya aplica NIIF plenas el panorama es más liviano: la resolución le confirma su marco y le fija criterios fiscales, y su proyecto de 2027 es esencialmente la NIIF 18. Y para la que se queda en NIIF para las PYMES, el proyecto de 2027 es la tercera edición, que trae su propio modelo de ingresos en cinco pasos y cambios en arrendamientos y en pérdida crediticia esperada.

Qué hacer, y en qué orden

Una resolución de criterios que terminó siendo un proyecto de conversión

El nombre de la resolución habla de criterios interpretativos, y esa parte —la matriz de tratamientos fiscales por partida— es trabajo conocido para cualquier equipo que ya venía haciendo bien su conciliación. Lo que convierte a la MH-DGT-RES-0015-2026 en un asunto de otra escala es la frase sobre el marco contable aplicable: para varios cientos de empresas costarricenses significa cambiar de norma, y hacerlo en el mismo ejercicio en que la NIIF 18 rediseña el estado de resultados.

Se puede discutir —y el Colegio lo está discutiendo en tribunales— si la Administración Tributaria debía ser quien tomara esa decisión. Lo que no admite discusión es el calendario: mientras el litigio avanza, el ejercicio comparativo corre, y la información que no se capture en estos meses habrá que reconstruirla después. La pregunta útil para cualquier gerencia financiera hoy no es qué va a resolver el tribunal, sino si sabe con certeza bajo cuál marco tiene que presentar sus estados financieros del 2027 y si su sistema está registrando lo que ese marco va a exigirle.

Este documento tiene fines informativos y no sustituye el análisis de los hechos y circunstancias particulares de cada entidad, la lectura del texto oficial de la resolución ni la asesoría profesional sobre su caso concreto. Elaborado con información pública disponible a agosto de 2026; el estado del proceso judicial en curso puede haber variado.