Fraude y negocio en marcha, reescritos: las NIA 240 y 570 revisadas y lo que hay que rehacer antes

Dos normas que el Consejo diseñó para ir juntas

El IAASB emitió la NIA 570 (Revisada 2024), Negocio en marcha, el 9 de abril de 2025, y la NIA 240 (Revisada) —cuyo título en la traducción oficial al español es Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude— el 8 de julio de 2025. Ambas rigen para auditorías de estados financieros de períodos que comiencen el 15 de diciembre de 2026 o después.

No es casualidad que compartan fecha. El propio Consejo explica el vínculo: el fraude y el estrés financiero tienden a aparecer juntos, y una entidad en dificultades es precisamente donde más presión hay para manipular la información. El IAASB insta a las jurisdicciones a considerar la adopción anticipada de ambas normas y de las enmiendas de alcance reducido como un paquete, y el Fundamento de las Conclusiones agrega que, de contemplarse, «preferiblemente deberían adoptarse anticipadamente como paquete».

Qué más entra en vigor el mismo día

Alrededor de estas dos normas hay tres paquetes adicionales que vencen en la misma fecha y que conviene no mezclar entre sí:

• Las enmiendas de alcance reducido a las NIGC, las NIA y la NIER 2400 (Revisada) derivadas de la revisión de las definiciones de entidad listada y entidad de interés público, emitidas el 1 de septiembre de 2025. Su vigencia se expresa por encargos de períodos que comiencen el 15 de diciembre de 2026 o después, no solo por auditorías, porque alcanzan también a los encargos de revisión.
• Las enmiendas de alcance reducido derivadas del proyecto del IESBA sobre el uso del trabajo de un experto externo, emitidas el 5 de enero de 2026, que modifican la NIA 620, la NIER 2400 (Revisada), la NIEA 3000 (Revisada) y la NISR 4400 (Revisada), con vigencia al 15 de diciembre de 2026.
• El pronunciamiento del propio IESBA sobre el uso del trabajo de un experto externo, que el Código de Ética sitúa como vigente «desde diciembre de 2026». El día exacto no consta en la página oficial; por simetría se espera el 15, pero conviene no citar un día que la fuente no da.

«Períodos que comiencen» no es «auditorías que se hagan»

La fórmula de vigencia es la de siempre y la de siempre se confunde. No aplica a las auditorías que se ejecuten a partir del 15 de diciembre de 2026. Aplica a las auditorías de períodos de los estados financieros que comiencen en esa fecha o después.

De ahí se desprende la única lectura que importa para la planificación: la auditoría del ejercicio 2026 —la que se ejecuta en los primeros meses de 2027— todavía se hace con las normas actuales. El margen es real, pero es engañoso. El trabajo de metodología no se puede dejar para el momento en que llegue el primer encargo alcanzado, porque para entonces hay que tener los programas ya probados, los papeles de trabajo ya rediseñados y al equipo ya capacitado. Y sobre todo porque, como se verá, la NIA 570 exige a la administración algo que en muchos clientes hay que empezar a pedir con un año de anticipación.

La lente de fraude, y un stand-back nuevo

El cambio estructural de la NIA 240 revisada no es un requerimiento aislado sino un modo de operar. La norma no reemplaza la evaluación de riesgos de la NIA 315 (Revisada 2019): amplía cómo se aplican sus requerimientos «con una lente de fraude». El término es del propio IAASB y aparece así en el material de apoyo.

Qué exige concretamente

• Alerta continua. El auditor debe permanecer atento a factores de riesgo de fraude no identificados previamente y a indicios de fraude o sospecha de fraude, durante todo el encargo. No es un procedimiento de planificación que se cierra y se archiva.
• Procedimientos no sesgados. Los procedimientos deben diseñarse de modo que no estén sesgados hacia obtener evidencia que corrobore —ni que contradiga— las afirmaciones de la administración. Es un estándar de diseño, verificable en el papel de trabajo.
• Un stand-back antes de concluir. Un requerimiento nuevo de evaluación retrospectiva antes de cerrar la auditoría, en línea con los stand-back que ya existen en otras normas.
• Una sección separada para el fraude identificado o sospechado. El auditor debe entender todas las instancias de fraude o sospecha de fraude para determinar su efecto sobre el encargo. El fraude claramente intrascendente puede excluirse, y el socio del encargo es responsable de evaluar el impacto sobre el enfoque de auditoría.

Adicionalmente, el Consejo eliminó del texto lenguaje que, en su criterio, podía socavar el ejercicio del escepticismo profesional. Es un cambio de redacción con consecuencias prácticas: lo que antes permitía cerrar un asunto con una explicación razonable de la administración ahora exige dejar constancia de cómo se corroboró esa explicación.

Dos cosas que no cambiaron, aunque se diga lo contrario

En la literatura que circula sobre esta revisión hay dos afirmaciones recurrentes que el Fundamento de las Conclusiones desmiente de forma expresa. Conviene registrarlas porque llevan a rediseñar lo que no hacía falta y a descuidar lo que sí.

No hay un requerimiento nuevo sobre la discusión del equipo del encargo

El IAASB consideró y descartó añadir un requerimiento de discusiones posteriores del equipo del encargo, por el riesgo de dar a entender que múltiples discusiones son obligatorias. En lugar de eso reforzó el carácter iterativo del proceso mediante una referencia cruzada al material de aplicación que explica cuándo puede ser apropiado ampliar la extensión y la frecuencia de las discusiones. No es lo mismo: lo primero sería un requerimiento auditable; lo segundo es una guía de juicio.

La presunción de riesgo de fraude en el reconocimiento de ingresos se fortaleció, no se eliminó

Esta es la confusión más extendida y la más costosa. La norma revisada refuerza los requerimientos y el material de aplicación sobre la presunción, desplazando el foco: ya no se trata de que el auditor construya una refutación, sino de las circunstancias limitadas en las que refutarla puede ser apropiado.

El Consejo evaluó si debía eliminar la palabra «ordinariamente» del material de aplicación y concluyó que es apropiada: no impide refutar la presunción cuando las circunstancias lo justifican, con base en el juicio profesional. La preocupación de que algunos auditores limiten el trabajo a asientos manuales y a la aserción de corte la trató como un problema de desempeño, no como una brecha normativa. Y mejoró los ejemplos, construyéndolos sobre los conceptos del triángulo del fraude, para clarificar cuándo la refutación tiene sustento.

Qué cambia en el informe, y qué no

Para las auditorías de entidades que cotizan públicamente, la norma revisada refuerza la comunicación del fraude en el informe del auditor. El mecanismo elegido es importante: el Consejo decidió usar la estructura de cuestiones clave de auditoría ya existente en la NIA 701, en lugar de crear un mecanismo de reporte nuevo y distinto. Los asuntos relativos al fraude son, en términos de la norma, de los de mayor significatividad en la auditoría y por tanto constituyen cuestiones clave.

Dos decisiones del Consejo acotan el resultado y vale conocerlas, porque hay material que describe la revisión como si creara una sección autónoma de fraude en el informe:

• Se eliminó el requerimiento de hacer una declaración negativa cuando no se identifican cuestiones clave relacionadas con el fraude. Es decir, el informe no tiene que decir que no las hubo.
• Se eliminó la frase «incluyendo asuntos relacionados con el fraude» del encabezado de la sección de cuestiones clave, pero se mantuvo el requerimiento de usar un subencabezado para las cuestiones clave relacionadas con el fraude.

El resultado práctico: el informe de una entidad que cotiza públicamente tendrá, cuando corresponda, una cuestión clave de auditoría bajo un subencabezado que la identifica como relativa al fraude. No una sección nueva, no una declaración de ausencia.

Los doce meses ya no se cuentan desde donde se contaban

Si hubiera que señalar un solo cambio de esta revisión, sería este. La NIA 570 vigente exige que la evaluación de la administración cubra al menos doce meses desde la fecha de los estados financieros. La versión revisada exige que el auditor evalúe una evaluación que cubra un período de al menos doce meses desde la fecha de aprobación de los estados financieros.

La norma agrega qué hacer cuando la administración no cumple: el auditor debe solicitarle que extienda su evaluación; si se niega, debe discutir las razones con la administración y, cuando corresponda, con los encargados del gobierno de la entidad. No hay una salida que consista en documentar la negativa y seguir adelante.

Para el despacho, la consecuencia operativa llega antes que la norma: en la mayoría de los clientes medianos de la región, la proyección de flujos que acompaña la evaluación de negocio en marcha se arma a petición del auditor y con el horizonte que el auditor pide. Ese pedido hay que cambiarlo en la carta de requerimientos, y conviene anticiparlo porque extender el horizonte obliga al cliente a tomar posición sobre supuestos —renovación de líneas de crédito, vencimientos de contratos, aportes de socios— que hasta ahora quedaban fuera de la ventana.

La evaluación es obligatoria siempre, y los eventos se miran en bruto

El segundo bloque de cambios reordena el trabajo del auditor sobre la evaluación de la administración.

• Siempre El auditor debe evaluar la evaluación de negocio en marcha de la administración con independencia de si se identificaron eventos o condiciones que puedan generar dudas significativas. Desaparece la lectura de que, si no hay banderas rojas, basta con constatarlo.
• Método, supuestos y datos La evaluación del auditor debe cubrir el método empleado, los supuestos significativos y los datos utilizados. Es la misma arquitectura que la NIA 540 revisada impuso para las estimaciones contables, y permite reutilizar ese enfoque metodológico.
• En base bruta Los eventos o condiciones se identifican antes de considerar los factores mitigantes de los planes de la administración. Primero se nombra el problema; después se evalúa si el plan lo resuelve. No se puede dar por no identificado un evento porque la administración ya tiene un plan para enfrentarlo.
• Sesgo de la administración El auditor debe evaluar si los juicios y las decisiones de la administración son indicadores de un posible sesgo. Es el mismo puente con la NIA 240 que motivó que ambas normas se revisaran a la vez.
• Intención y capacidad Respecto de los planes futuros, hay que evaluar la intención y la capacidad de la administración de llevar a cabo los cursos de acción específicos, y obtener evidencia cuando hay apoyo financiero de terceros o de partes relacionadas. Una carta de intenciones de un socio no es, por sí sola, evidencia de capacidad.

Como en la NIA 240, hay un requerimiento explícito de que los procedimientos no estén sesgados hacia la obtención de evidencia corroborativa.

Una sección en el informe aunque todo esté bien

Este es el cambio más visible para el cliente y el que más conversaciones va a generar. El modelo revisado contempla dos secciones posibles en el informe del auditor, y la primera es nueva.

Ambas secciones deben precisar que las conclusiones del auditor no constituyen una garantía sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha.

El modelo aplica a todas las entidades. Para las auditorías de entidades listadas hay requerimientos adicionales de reporte en dos supuestos: cuando hubo juicios significativos para concluir que no existe incertidumbre material —el caso límite, el close call— y cuando sí existe incertidumbre material.

Hay dos excepciones que conviene tener presentes: con abstención de opinión, salvo que la ley lo exija, no se incluyen secciones separadas de negocio en marcha ni de incertidumbre material; y cuando la base contable de negocio en marcha es inapropiada se emite opinión adversa y normalmente se omiten esas secciones.

Las tres jurisdicciones no llegan igual

La vigencia internacional no es vigencia local. En los tres países donde operamos el mecanismo es distinto, y en uno de ellos hay una pregunta abierta.

Para Panamá hay un dato adicional de interés: la NIA para Entidades Menos Complejas está adoptada, pendiente de reglamentación específica para su plena efectividad. La versión revisada de esa norma —que incorpora precisamente la NIA 240 revisada y los desarrollos de negocio en marcha— estuvo en consulta pública durante 2026.

Ruta de trabajo hasta el primer encargo alcanzado

Lo que estas dos revisiones dicen del oficio

Hay un hilo común entre ambas normas que vale la pena nombrar, porque explica por qué llegaron juntas. Las dos atacan el mismo hábito: cerrar un asunto con la explicación de la administración, debidamente documentada, sin corroborarla. En la NIA 240 eso aparece como el requerimiento de que los procedimientos no estén sesgados hacia la corroboración y como el endurecimiento de la refutación de la presunción de ingresos. En la NIA 570 aparece como la identificación en base bruta, la evaluación obligatoria aunque no haya banderas rojas y la evaluación del sesgo de la administración.

Es, en el fondo, la respuesta normativa a una década de fallos de auditoría en los que el expediente estaba completo y la conclusión estaba equivocada. La norma no puede obligar a dudar, pero sí puede obligar a dejar constancia de qué se hizo con la duda.

Para un despacho de la región el costo de esto es real y se concentra en 2027: metodología, plantillas, capacitación y, sobre todo, la conversación con clientes que van a tener que proyectar más lejos de lo que han proyectado nunca. El margen que da la fecha de vigencia es suficiente, pero solo si se usa.

Este documento tiene fines informativos y no sustituye la lectura del texto íntegro de las normas ni el análisis de las circunstancias particulares de cada encargo. El calendario de implementación propuesto es una recomendación de esta firma, no un requerimiento normativo. El estado de adopción de las normas revisadas en Costa Rica está sujeto a confirmación ante el Colegio de Contadores Públicos. Elaborado con información pública disponible al 14 de octubre de 2026.